miércoles, diciembre 31, 2014

Rancière y la "ley pulpín"




Las acciones recientes (de palabra o hecho) y relativas a la llamada "ley pulpín" se explican con lo que el teórico Jacques Rancière llama desacuerdo. Desde su perspectiva, este concepto designa una situación enunciativa muy singular. No se trata ni de un "malentendido" ni de un "diferendo", los cuales pueden incorporarse dentro de la lógica  jurídica y, por otro lado, despertar la creencia en que son necesarios mediadores pedagógicos: "lo que pasa es que estos jóvenes no entienden que las medidas son por su propio bien". (Esto lo ha señalado Rocío Silva Santisteban en su columna de La república del 30 de diciembre). 



El desacuerdo es, básicamente, una situación política por el hecho según el cual entre los que se enfrentan no existe algo que se pueda compartir:

Por desacuerdo se entenderá un tipo determinado de situación de habla: aquella en la que uno de los interlocutores entiende y a la vez no entiende lo que dice el otro. El desacuerdo no es el conflicto entre quien dice blanco y quien dice negro. Es el existente entre quien dice blanco y quien dice blanco pero no entiende lo mismo o no entiende que el otro dice lo mismo con el nombre de la blancura. 


De este modo, en el desacuerdo, como hecho político fundamental, no existe un "gran Otro" que, en este caso, se entenderá por un mismo universo de sentido, una enciclopedia común a los contendientes ante la cual apelar para hallar finalmente un consenso. Como no podemos contar con este referente, lo único que aquí destaca no son los enunciados y sus significados sino la enunciación. Me explico: 



No se trata de las buenas razones afirmadas a favor o en contra de esta ley en sendos enunciados que componen textos que se divulgan por las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales y que están conectados con determinadas acciones legales o contestatarias. Si lo que dice uno de los desacordados no es lo que el otro entiende (porque cuando el primero dice "negro" el segundo no entiende lo mismo o no entiende que el otro pueda decir lo mismo), lo que aquí está en juego y en cuestión es la propia posibilidad, e incluso la capacidad de decir. En pocas palabras, lo que se cuestiona es la enunciación del otro.



Hay pues una brecha entre los desacordados que resulta insalvable. No existen, en consecuencia, salidas comunicacionales o dialógicas, no resulta factible recurrir en esta situación a buenos y bien intencionados especialistas de la mediación. Y esto es así porque, en el fondo, no hay aquí un problema de incomprensión. De hecho, todo está perfectamente bien comprendido; lo que sucede es que no es posible atribuir al otro la capacidad de comprender y una voz autorizada para enunciar. 



Obviamente, la relación (o más bien la ausencia de ella) de los desacordados no se establece entre equivalentes, sino entre los que tienen parte en el reparto y, como dice Rancière, "la parte que no tiene parte". Es decir, entre los que tienen el poder y los bienes, y los que no. La prueba de ello está en que, como recientemente se ha sabido, el procurador público de delitos contra el orden público del Ministerio del Interior presentó ante el Ministerio Público, días antes de la movilización del 29 de diciembre, una denuncia preventiva en contra de 20 personas. En otros términos, para los que se ubican del lado del poder pueden, a su vez, ubicar como ilegal al otro y a su deseo de reivindicar derechos ciudadanos. 


La pregunta inmediata es, entonces, ¿qué salida tenemos? Por su puesto que no hay una respuesta sencilla o programada. Pero cualquier solución pasa, debe pasar, por el reconocimiento de ese insalvable impasse (lo real de Lacan) constitutivo e inherente al orden social. Estos "problemas" de incomprensión, de malos entendidos que impiden la buena marcha del orden social hacia el desarrollo... son lo social mismo. 



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